Elaborado por Iván Molina Aguilera.
La problemática relacionada con el tratamiento y manejo de los residuos sólidos constituye uno de los rasgos comunes en la dinámica de los espacios locales. A ello contribuyen, sin duda, la desordenada ampliación de la mancha urbana y el surgimiento de nuevos hábitos de consumo, los que sumados a una deficiente aplicación de las políticas ambientales dan lugar a situaciones de crisis que ponen en situación de riesgo a las poblaciones y al entorno que les rodea.
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| Aiquile genera mucha mas basura que el Municipio, en las actuales condiciones pueda manejar, soluciones como las de arriba están por todos los ríos circundantes, son urgentes las medidas a tomar. |
Considerado como un problema, el tratamiento y manejo de los residuos sólidos genera una serie de conflictos (técnicos, administrativos, económicos, sociales, etc.) que inciden de manera directa en la gestión pública, en este caso, de la gestión municipal. Pero visto desde otra perspectiva, puede llegar a constituir un elemento generador de oportunidades -que se traducen básicamente en la generación de empleo- y un espacio articulador de consensos entre los diversos actores involucrados. La “Gestión Integral de Residuos Sólidos” , entendida como un conjunto de actividades interdependientes y complementarias, nos muestra que con criterios técnicos adecuados y una decidida voluntad política se pueden llegar a soluciones ambientalmente sostenibles y socialmente concertadas.
Si bien el marco jurídico y normativo del Estado Plurinacional otorga competencias a las diferentes instancias jurisdiccionales, en el tema específico del manejo y tratamiento de los residuos sólidos no se aplican o no se adecuan en función de las características propias de cada entidad autónoma. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, establece en el Art. 303 que son competencias de los municipios autónomos “la planificación, administración, ejecución y supervisión de los servicios de saneamiento básico, agua potable, alcantarillado pluvial, sanitario, aseo urbano y manejo y tratamiento de residuos sólidos”. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, por su parte, define en el Art. 88 que los gobiernos municipales autónomos tienen la competencia de “reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y técnicos, en su jurisdicción”.
La Ley de Municipalidades en el Art. 8 sostiene que es competencia del Gobierno Municipal “regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, los servicios de aseo y de tratamiento y manejo de residuos sólidos”. Asimismo, en el Art.95, referido a las empresas municipales, se establece que el Gobierno Municipal está facultado para “crear, constituir, disolver o participar en empresas para la prestación de servicios o explotaciones municipales con recursos públicos, siempre y cuando no puedan hacerlo mediante su administración privada”.
En el caso especifico del Municipio de Aiquile (1ª Sección de la Provincia Campero, en el Departamento de Cochabamba), el manejo de los residuos sólidos presenta características que nos conducen inevitablemente a una situación de crisis ambiental. Considerando las etapas de generación, recolección y disposición final, observamos una ausencia absoluta de criterios que cumplan con las competencias establecidas por las diferentes instancias normativas, y que se relacionan con la planificación, reglamentación, administración, ejecución y supervisión de los servicios de manejo y tratamiento de residuos sólidos.
El área urbana del Municipio de Aiquile abarca una superficie aproximada de 250 Has. Las que incluyen el área urbana consolidada y el área urbana en expansión. Cuenta con una población aproximada de 8000 habitantes, que se duplica el fin de semana por la masiva afluencia de comerciantes y pobladores rurales a la feria dominical , considerada una de las más importantes y concurridas del departamento. El servicio de recolección de residuos sólidos está a cargo de la Alcaldía Municipal, y su disposición final es a cielo abierto en lotes privados cercanos a la población, a solicitud de los propietarios para el abono de sus campos de sembradío . La recolección se realiza mediante el uso de una volqueta, con dos ayudantes y un chofer; el recorrido por la ciudad se efectúa los días lunes, jueves y sábado . El servicio de recolección no se paga, por lo que el costo de mantenimiento y reparación del equipo utilizado, además de los salarios de los funcionarios que participan en la recolección, representa un gasto cada vez más elevado para el Municipio.
Considerando las características planteadas, se hace necesaria y urgente la implementación de un proceso que incorpore la perspectiva de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde se encuentren contemplados criterios relacionados con la educación ambiental, el equipamiento, la capacitación técnica, la generación de empleo, etc. todo ello enmarcado dentro de las competencias establecidas por el marco normativo vigente.
Ahora bien, abordar el tema de los residuos sólidos desde un enfoque integral nos lleva a plantear escenarios reales de descentralización en la gestión pública, si consideramos -por ejemplo- que uno de los objetivos de la descentralización pasa por la provisión eficaz y eficiente de ciertos servicios (en este caso, el manejo y tratamiento de residuos sólidos) y bienes públicos, en línea con las preferencias de los ciudadanos. El enfoque de gestión integral implica también una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, así como el incremento de los incentivos para el desarrollo local, a través de la generación de oportunidades de empleo que se generan en el proceso.
La gestión integral de residuos sólidos, en función de sus componentes interdependientes y complementarios, se convierte entonces en un instrumento generador de mayor conciencia ciudadana, de incentivos y oportunidades, además de constituir un espacio de búsquedas de consenso y voluntad política entre los diversos actores involucrados. Y porque, en definitiva, la gobernabilidad se construye a partir del ejercicio de la ciudadanía plena, de la búsqueda de oportunidades de empleo digno y del consenso social y político, necesarios para aspirar a un nivel de vida acorde a nuestras necesidades y aspiraciones.
